Por Arturo Sarukhan (*)
Martin Niemöller, un pastor alemán encarcelado de 1937 a 1945 por el gobierno fascista de Hitler, escribió, al reflexionar sobre el legado represor y genocida del nazismo en las postrimerías de la segunda guerra mundial, que: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”. Hoy, la mayoría de los gobiernos, los partidos políticos y las voces de la sociedad civil en América Latina deberían sopesar con cuidado estas palabras de Niemöller.
En Venezuela se ha venido gestando uno de los mayores retos a la democracia en las Américas sin que –con contadas y loables excepciones– se esté alzando la voz de alarma sobre lo que ocurre en esta nación hermana y entrañable de América Latina y el Caribe. En semanas recientes, esta crisis democrática se ha profundizado como resultado de la sentencia dictada el 10 de septiembre pasado al líder opositor Leopoldo López. La condena fue emitida después de un proceso judicial de 19 meses, a puerta cerrada, marcado por graves irregularidades, en el que no se respetó el debido proceso ni las garantías judiciales. No se publicaron los fundamentos de las imputaciones; no se permitió al acusado ejercer su derecho a una defensa adecuada, ni se admitieron las pruebas de descargo que éste ofreció.
Hay que decirlo sin ambages: Leopoldo López es un preso político venezolano, sometido a un juicio amañado y dispar, condenado a “13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas” de cárcel, la mayor pena posible para los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, de los que se le culpó por los hechos violentos al final de una marcha convocada en 2014. Su arbitraria condena se aúna al arresto domiciliario dictado al Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, sin juicio alguno, y a la defenestración de la diputada María Corina Machado. Su crimen fue tratar de ejercer su derecho a manifestarse en las calles, como sucede tantas veces en el resto del mundo. Más allá de si coincidimos o no con sus posiciones ideológicas, su libertad –y la de los otros presos y exiliados políticos– es una tarea pendiente en la recuperación democrática de Venezuela y en la conciencia de América Latina.
Por ello no sorprende que, hace pocos días, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas instara al gobierno venezolano a liberar “de inmediato” a López y otorgarle una reparación integral, incluida la compensación de carácter indemnizatorio y moral, así como las medidas de satisfacción correspondientes. El Grupo de Trabajo también exhortó al gobierno de Venezuela a considerar su solicitud de visitar el país en vista a contribuir a fortalecer el Estado de Derecho mediante el respeto de la independencia del poder Judicial, de las garantías judiciales, del debido proceso y la sanción efectiva de los responsables de detenciones arbitrarias. Ello su suma a las denuncias hechas por las organizaciones globales de defensa de derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional en el sentido de que el veredicto representa un “deterioro en extremo del sistema de justicia” y “una travestía total de la justicia”, así como una “total falta de independencia del poder judicial”, respectivamente. Tras estas declaraciones, Amnistía Internacional calificó a López como un “prisionero de consciencia”, una designación específica empleada para victimas de represión política.
Lo que ocurre hoy en Venezuela no es, como sugieren algunos, una batalla ideológica entre izquierdas y derechas; tampoco lo es entre el pasado y el futuro. Y en esencia tampoco se trata, a pesar de las constantes violaciones a derechos fundamentales universales, de Leopoldo López y el arresto u hostigamiento de opositores al régimen. Es en el fondo un reto fundamental a los principios democráticos de la región, consagrados en la carta de las Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos y otros foros regionales y subregionales a los que pertenece Venezuela. Es, al final del día, la erosión de los principios de democracia liberal que tanto ha costado cimentar en nuestra región. El surgimiento de democracias no liberales (termino acuñado por Fareed Zakaria en un artículo publicado en Foreign Affairs, en 1997), en las Américas, no es particular a Venezuela, pero es en ese país donde se manifiesta de manera más nítida.
¿Qué caracteriza a una democracia no liberal? El carácter democrático de toda democracia que conlleva el adjetivo “liberal” se deriva de cómo se llega a detentar el poder a través de elecciones libres y justas. Pero su naturaleza liberal proviene no de cómo se alcanza el poder sino de los sistemas de peso y contrapeso al poder y a quienes detentan ese poder. Por lo tanto, una democracia no liberal es un régimen electo por medio de comicios, pero donde las libertades civiles y los pesos y contrapesos al poder han sido, ya sea de facto o constitucionalmente, eliminados o restringidos. Ello está produciendo regímenes que celebran elecciones –algunas más transparentes, libres y justas que otras– pero que se han vuelto altamente centralizados, y en los cuales la libertad es erosionada y la sociedad civil u otros poderes –Legislativo y/o Judicial– son controlados o subsumidos por el poder Ejecutivo. Las libertades de expresión o de asamblea son severamente constreñidas y la desaparición de la libertad de prensa, ya sea por la nacionalización de televisiones o radios para tener un dominio absoluto de lo que se piensa en el país o la censura activa de medios independientes, se convierten en factores de control político y social. Venezuela encarna como pocas naciones en las Américas las premisas de una democracia no liberal y, dado el amaño creciente en los propios procesos electorales, va encaminada a convertirse en todo menos que una democracia.
Si para muchos observadores este fenómeno es tan evidente, ¿por qué se da, entonces, con algunas excepciones importantes, el silencio atronador en la región sobre la violación de derechos políticos y humanos en Venezuela? En parte, porque muchos gobiernos no están dispuestos a abrir flancos con partidos de izquierda en sus respectivas naciones. En parte, también, porque algunos temen que el pronunciamiento sobre la violación de derechos humanos y la erosión democrática en Venezuela los pueda volver vulnerables a actividades de represalia en forma de movilización social y política al interior de esas naciones por parte de Venezuela. Pero la razón de mayor peso es la socorrida y sacrosanta postura de la “no intervención” en los asuntos internos de otros Estados, y que sigue pesando mucho a lo largo y ancho del continente americano. Ahora, tras la condena de Leopoldo López, algunos gobiernos, como los de Costa Rica, Paraguay y Chile, llamaron al respeto irrestricto al debido proceso. Por esa sugerencia persuasiva aquellos gobiernos, especialmente el chileno, fueron acusados nuevamente de “intervencionismo” en los asuntos de Venezuela y de “vulnerar la esencia” del principio de no intervención consagrado por el derecho internacional. De entrada, esto no es intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Pedir que se siga la norma jurídica internacional, que se respete la Carta Democrática Interamericana suscrita en 2001 por prácticamente todas las naciones de las Américas –incluyendo Venezuela– en un proceso judicial doméstico, es uno de los gestos más aceptados de la práctica diplomática, ya que no parte de acusación o prescripción alguna. Pero, además, crecientemente, hay toda una corriente de pensamiento convencida de que en la construcción de un sistema internacional de reglas de siglo XXI, los llamados a la no intervención y la defensa de la soberanía nacional en casos de violaciones a derechos humanos fundamentales, deberían ser insostenibles.

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